Ante el pleno de la LVII Legislatura local y con motivo de la glosa del 4º Informe de Gobierno, el secretario estatal reiteró su disposición para trabajar en un marco de respeto mutuo, de apertura al debate y de civilidad política, por encima de ideologías y de posiciones de coyuntura. En respuesta a los cuestionamientos hechos por diputados de los diversos grupos parlamentarios, Miranda Nava, indicó que para evitar sucesos como las inundaciones ocurridas en días pasados, resulta urgente promover la inversión en el diseño de obras de infraestructura hidráulica.
El Secretario General de Gobierno, afirmó también que los rellenos sanitarios como los de San Antonio la Isla, Xonacatlán y Zinacantepec, son sitios que cumplen con las normas ambientales correspondientes y que se hacen necesarios para abatir el gran problema de la generación y disposición de desechos sólidos, y la aparición de tiraderos clandestinos.
En materia de seguridad, Luis Miranda Nava, señaló que junto con las autoridades municipales, se diseñan nuevos esquemas de colaboración, como el Sistema Integral de Seguridad Pública Intermunicipal, que dará inicio en octubre próximo y en el que la puesta en marcha del Centro de Control de Confianza del Estado de México, colaborará de manera trascendente, para mejorar el perfil de los cuerpos policíacos.
El responsable de la política interior, agregó que el gobierno estatal se encuentra preparado para trabajar bajo el nuevo sistema de justicia penal, gracias al trabajo de 262 defensores públicos, razón por la cual, será en breve cuando el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, presente la iniciativa de Ley de la Defensoría Pública del Estado de México.
Al concluir, con su presencia, la serie de comparecencias, el Secretario General de Gobierno adelantó que el Ejecutivo propondrá adecuaciones al marco jurídico en materia de extinción de dominio y en la modernización del Poder Judicial, además de que se trabaja para que, en breve, se someta a consideración de este pleno, una iniciativa que regule el uso de la fuerza pública, con lo que se asegurará, en todo momento, el respeto a los Derechos Humanos.
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